A principios de los años noventa, los grupos ecologistas españoles desplegaron una dura campaña contra un nuevo trazado previsto para la actual carretera C-501, entre las localidades de Ramacastañas y Candeleda, al sur de la provincia de Ávila. Tras denuncias, informes ambientales y de tráfico, estudios científicos e incluso encadenamientos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el proyecto, mediante auto judicial, en enero de 1992. El mismo tribunal dictó sentencia en el mismo sentido cuatro años después, confirmada en septiembre de 2002 por el Tribunal Supremo.

Pero como suele ocurrir en estos casos, el desarrollismo irracional es un perro peligroso que no afloja sus colmillos sobre la presa fácilmente y de nuevo la Junta de Castilla y León, en un claro ejemplo de fraude de ley, ha retomado el proyecto. Dicen que este trazado es distinto, cuando pocos metros le separan del propuesto por el anterior proyecto, y vuelven a marear la perdiz con un estudio informativo.