El Plan de Gestión del Lobo en Castilla y León, que actualmente tramita la Junta de Castilla y León, ha sido largamente esperado por conservacionistas, técnicos e investigadores, así como ganaderos y cazadores. El documento venía siendo una necesidad, ante la gestión deficiente y desigual que sobre la especie hacen las comunidades autónomas.

Además, era una recomendación expresa de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España, aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en diciembre de 2004 y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en enero de 2005. Hoy en día sólo Asturias dispone de un plan de estas características, en vigor desde 2002.

En principio, saludamos la iniciativa de la Administración castellano-leonesa y el mecanismo que ha utilizado para dar forma al plan, ya que saldrá a información pública antes de ser aprobado, para poder recibir sugerencias y aportaciones de colectivos interesados y afectados. Pero ahí acaban las buenas noticias. Este plan debería suponer una garantía a largo plazo para el lobo en Castilla y León, con más de la mitad de la población española de la especie. Pero de su borrador se deduce claramente que la conservación queda subordinada a la gestión cinegética. De hecho, el Gobierno regional reconoce como herramienta fundamental la caza deportiva de la especie y justifica el documento como “una apuesta política largamente meditada”.