Para adecuar la legislación española al Convenio de Aarhus, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 29 de junio la ley que garantiza el acceso a la información sobre medio ambiente. La nueva norma obliga a las autoridades a proporcionar esta información en el plazo máximo de un mes (dos meses si son asuntos muy complejos).

También queda regulado la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas en materia ambiental, con plazo suficiente para hacerlo y obligando a la Administración a tener en cuenta las alegaciones y observaciones presentadas.

Otra novedad aportada por esta ley es que reconoce el derecho de las ONG a participar en los procedimientos administrativos con incidencia en el medio ambiente, así como a ejercer la acción popular ante cualquier incumplimiento de la legislación ambiental.

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