El Defensor del Pueblo Europeo está investigando si la Comisión Europea actúo al margen de su autoridad legal en el caso del puerto industrial de Granadilla, que está previsto construir en el sur de la isla de Tenerife (ver Quercus 215, págs. 66 y 67). Bruselas rechazó abrir un procedimiento de infracción contra las autoridades españolas por haber autorizado el futuro puerto en un sitio donde afectaba a Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la red Natura 2000.

A pesar de reconocer el impacto negativo sobre estas áreas protegidas, la Comisión Europea entendió que no se contraviene la legislación europea, al no existir alternativas al proyecto autorizado que sean menos lesivas para el medio natural. Un criterio éste que ha sido claramente puesto en duda, como lo indican las más de cinco mil reclamaciones enviadas al Defensor del Pueblo Europeo, un envío masivo que no tiene precedentes en la historia de esta institución.