El pasado 13 de febrero, el Gobierno de Brasil decretó la protección legal para más de seis millones de hectáreas de bosques amazónicos en el oeste del Estado de Pará, sobre una superficie equivalente a la extensión conjunta de Aragón, Navarra y el País Vasco. En más de un millón y medio de hectáreas se establece un régimen legal que impide las talas, mientras que en el resto está admitido el aprovechamiento maderero bajo control estricto o gestión sostenible.

El principal objetivo de la medida es salvaguardar las superficies forestales atravesadas por la carretera BR-163, entre las ciudades de Cuiabá y Santarem, puesto que el previsto asfaltado de esta vía intensificará el acceso humano y aumentará el riesgo de deforestación derivada de nuevos aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales.

Más de 45 millones de hectáreas de selva amazónica están ya bajo protección legal. Según algunos especialistas, la presión internacional sobre el Gobierno brasileño tras el asesinato en febrero de 2005 de la monja norteamericana Dorothy Stang, veterana opositora que se oponía al acoso de las empresas madereras sobre las comunidades locales, subyace tras las últimas medidas proteccionistas decretadas.