El Gobierno valenciano se ha echado atrás en su propuesta inicial de reforma de la ley autonómica de montes, con la que pretendía permitir la urbanización de zonas afectadas por incendios forestales antes del plazo de treinta años establecido por la legislación vigente. Tras la presión ejercida por el apoyo masivo a la cibercampaña formulada a través de la web Actuable por parte de Ecologistes en Acció del País Valencià y las objeciones de dos altos organos consltivos, el Consejo Económico y Social (estatal) y el Consell Jurídic Consultiu (áutonomico), la reforma planteada no se llevará a cabo en los términos inicialmente planteados.