Han pasado más de diez años ya desde el primer caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina o “mal de las vacas locas” y de la legislación que empezó a obligar a la retirada de cadáveres de las explotaciones ganaderas. Sin embargo, ante dificultades como la burocracia excesiva, los costes de vehículos y contenedores o la escasez de centros de transformación y limpieza, esta normativa tardó en ser operativa en toda la geografía peninsular.

En estos diez años han sido muchas las disposiciones a todos los niveles, tanto europeo como estatal y autonómico, tanto desde el punto de vista veterinario como de la conservación de la biodiversidad. Unos primeros pasos y posteriores cambios mejoraron algo la situación legal para unas aves necrófagas a las que se les había privado de una fuente de alimentación vital. Pero no fue hasta la publicación en noviembre de 2009 del reglamento europeo 1069/2009, sobre subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach), en sustitución del vigente hasta entonces, el 1774/2002, cuando se clarificó el problema de cómo podrían alimentarse los buitres europeos.

Quince meses después, es decir, principios de 2011, fue la fecha establecida para la entrada en vigor de este reglamento, que remitía a otro que debería ser aprobado a posteriori con los detalles para aplicarlo. Pues bien, este segundo reglamento, el 142/2011, se publicó el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial de la Unión Europea (UE) sin apenas repercusión mediática. Debo decir que se ha echado en falta en su elaboración la colaboración de muchas entidades conservacionistas y científicas. En España somos legión los que trabajamos con especies carroñeras y habría sido de agradecer un consenso amplio, por encima de siglas o pertenencias.