Un juzgado de Valencia adoptó esta decisión tras una denuncia de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia, en el sentido de que estos parques, más un tercero (Benalaz II), conforman en realidad un único proyecto que ha sido artificialmente dividido en partes.

Según la fiscalía, esta fragmentación pretendía evitar que la evaluación de impacto ambiental correspondiese se tuviese que tramitar ante la Administración estatal, quien según la normativa tiene competencias en proyectos eólicos a partir de cincuenta megavatios de potencia.

El fiscal se basa en las conclusiones de una inspección previa de las obras por parte del Seprona y se remite a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del pasado 10 de junio. Dicha resolución anuló la autorización del parque eólico Murias II, en la comarca leonesa de Omaña, alegando que se tramitaba de forma fragmentada con respecto a otros proyectos aledaños o cercanos, sin tener en cuenta impacto ambiental acumulativo (ver Quercus 285, pág. 80).