Según informan en un comunicado conjunto nueve grupos ecologistas de Castilla y León, el uso de métodos no selectivos de caza como cepos esta prohibido en esta comunidad autónoma por una ley regional de caza que el propio Jambrina promovió y aprobó en 1996.

Estas asociaciones han exigido que el ex consejero sea desprovisto de todos aquellos cargos institucionales que ostenta, como por ejemplo en el Consejo Regional de Caza, así como el máximo rigor y transparencia en la instrucción de la denuncia.