La actividad de la mina fue paralizada cautelarmente por el Gobierno andaluz tras haberse confirmado la contaminación del acuífero Niebla-Posadas –reserva de agua en situaciones de sequía para la ciudad de Sevilla y localidades cercanas– desde los pozos de extracción localizados en el fondo de la corta minera (ver Quercus 268, pág. 68).

La orden de suspensión se produjo a raíz de los riesgos de contaminación y los trabajos sin autorizar detectados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que llegó a imponer una multa de más de 600.000 euros a la mina, de la que es propietaria mayoritaria la multinacional canadiense INMET Mining.