El pasado 16 de octubre, la Comisión Europea envió a Malta un dictamen motivado relacionado con la caza de aves en primavera, que en el lenguaje jurídico de Bruselas equivale a un ultimátum antes de sentar a un país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

En contra de la legislación comunitaria, Malta permite la caza durante la migración pre-nupcial de tórtola y codorniz. Esta concesión a los cazadores malteses sirve además a menudo de carta blanca para abatir especies no cinegéticas, como rapaces, que son disparadas masivamente durante esas fechas, según han puesto de manifiesto Birdlife International y otras ONG conservacionistas.

El cernícalo primilla, el aguilucho papialbo y el halcón sacre, especies globalmente amenazados, figuran entre las víctimas.